Responsabilidad empresarial por violaciones a derechos humanos ‘online’

Una red de computadores interconectados. Esa es la explicación básica de qué es Internet. Sin embargo, poco se dice acerca del enorme tramado de voluntades y esfuerzos que permiten el funcionamiento de Internet. Organismos técnicos que administran los recursos de la Red, proveedores de comunicaciones transatlánticas, prestadores de servicio de telecomunicaciones, empresas de acceso a la Red, proveedores de contenidos y de servicios en línea. Un largo suma y sigue de actores que hacen de Internet un entorno esencialmente privado.

Internet es también un espacio regulado. Contrariamente a lo argüido a comienzos de los años noventa, Internet no es un espacio exento de regulación, ni imposible de quedar sujeto al control estatal. Es, sí, dada la evanescencia de las fronteras en línea, un espacio que requiere mayor coordinación gubernamental. Pero incluso la acción online de los Estados queda afecta a cumplir con ciertas obligaciones básicas, tales como el respecto de los derechos humanos.
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Reutilización de información y protección de datos

Aunque quizá nos pueda parecer algo novedoso el concepto de la reutilización y los “open data”, el mundo jurídico es uno de los sectores que desde su creación lleva la reutilización en su propia esencia. La jurisprudencia, el conocimiento de las sentencias dictadas por los órganos jurisdiccionales y el acceso a las mismas, son básicos y necesarios para cualquier profesional del Derecho, sea cual sea su posición (jueces, fiscales, abogados, etcétera), pero también para la sociedad en general. La reutilización de esta información básica, además, ha creado riqueza en la sociedad a través de la generación de servicios de valor añadido por parte de las editoriales jurídicas y su contratación por parte de los operadores jurídicos.

En lo que respecta a la reutilización de sentencias que pueden incluir datos de carácter personal, y a cómo afecta esa reutilización a este derecho fundamental, ha sido una ardua tarea de la administración de justicia proceder a la anonimización de toda la ingente cantidad de sentencias que se ponen a disposición tanto de la ciudadanía en general como de los operadores mercantiles correspondientes, además de costosa pecuniariamente hablando (y que ha generado un caluroso debate sobre la gratuidad o no del acceso a las sentencias, dados los costes que tiene, y sobre quién debería soportar dichos costes).
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