Si nos entretenemos a analizar los países denunciados y sus actuaciones ante una herramienta que escapa a los controles habituales que emplean tales países con la información, veremos que siempre se trata de impedir que lleguen a la opinión pública las agresiones que ocurren en dichos países contra los derechos humanos. Es la forma más fácil de que las violaciones de tales derechos queden en la impunidad porque, como reza nuestro lema, “lo que no se cuenta, no ha pasado”. Y ¿quién va a pedir cuentas de lo que nunca ha sucedido? Así se cometen miles de crímenes cada día, así se violan los principios más sagrados, como son la libertad y la vida. Así andan sueltos tantos depredadores de los derechos humanos.
Vivimos una alarmante escalada en las agresiones contra la libertad de prensa y contra los periodistas en el ejercicio de su profesión, ya sean medios tradicionales o digitales. Y se materializa en presiones, censuras, multas exorbitantes, cierre de medios, encarcelamientos, secuestros. Las relaciones entre el poder y los medios de comunicación son siempre difíciles. Los poderes políticos, financieros, religiosos, militares generalmente suelen ser incompatibles con la prueba de la libertad de informar de las verdades que se quieren ocultar.
Sigue leyendo