Reutilización de información y protección de datos

Aunque quizá nos pueda parecer algo novedoso el concepto de la reutilización y los “open data”, el mundo jurídico es uno de los sectores que desde su creación lleva la reutilización en su propia esencia. La jurisprudencia, el conocimiento de las sentencias dictadas por los órganos jurisdiccionales y el acceso a las mismas, son básicos y necesarios para cualquier profesional del Derecho, sea cual sea su posición (jueces, fiscales, abogados, etcétera), pero también para la sociedad en general. La reutilización de esta información básica, además, ha creado riqueza en la sociedad a través de la generación de servicios de valor añadido por parte de las editoriales jurídicas y su contratación por parte de los operadores jurídicos.

En lo que respecta a la reutilización de sentencias que pueden incluir datos de carácter personal, y a cómo afecta esa reutilización a este derecho fundamental, ha sido una ardua tarea de la administración de justicia proceder a la anonimización de toda la ingente cantidad de sentencias que se ponen a disposición tanto de la ciudadanía en general como de los operadores mercantiles correspondientes, además de costosa pecuniariamente hablando (y que ha generado un caluroso debate sobre la gratuidad o no del acceso a las sentencias, dados los costes que tiene, y sobre quién debería soportar dichos costes).
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El valor de la información de las Administraciones públicas

En primer lugar, haremos referencia a una característica no intrínseca en lo que se consideran “gobiernos abiertos”, pero que genera un primer escalón hacia la transparencia y la rendición de cuentas por parte de la Administración a los ciudadanos.

La actividad propia de las diferentes Administraciones públicas genera una gran cantidad y variedad de datos e información pública, como puede ser, a modo de ejemplo, información geográfica, estadística, meteorológica o turística. Esos datos, que tradicionalmente han venido siendo utilizados o “infrautlilizados” en el seno de las Administraciones, están siendo objeto de un nuevo tratamiento a partir del impulso que las nuevas tecnologías de la información han dado a la relación entre los ciudadanos, las empresas y el sector público.

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